Con este titular publican varios medios impresos de Colombia un editorial sobre la inminente aprobación de la
Ley de Comunicación en la Asamblea de Ecuador. La Ley será aprobada sin debate y solo horas después de darse a conocer el texto final. Reproducimos a continuación el editorial publicado.
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| Asamblea aprueba Ley de Comunicación |
Está a punto de ser aprobada en el país vecino una 'ley mordaza', que impone excesivos controles y limitaciones a los medios de comunicación.
En todos los países, la relación entre el periodismo y el poder da pie a permanentes conflictos. Es natural que así sea. La prensa, perro guardián de la democracia, busca develar lo que funcionarios y poderosos no tienen interés en que se conozca. Pero cosa distinta es que los gobernantes busquen limitar o cercenar los fundamentales derechos a la expresión, información y prensa.
Esto viene sucediendo en Ecuador. Desde hace varios años, el presidente Rafael Correa ha querido silenciar a aquella que considera opositora. Su tolerancia a la crítica y a la información que no lo favorecen es nula. No desaprovecha oportunidad para insultar y descalificar a periodistas y medios. Rompe periódicos e invita a los ciudadanos a que no los lean. Tacha a sus directores, comunicadores y directivos de organizaciones que defienden la libertad de expresión de corruptos, mentirosos, cobardes, sicópatas... y otros epítetos impropios de un gobernante. Promueve y apoya leyes que limitan la libertad e independencia de los medios. Utiliza medidas administrativas para ejercer presión. También presiona a la empresa privada para que no paute en los que son objetivos y críticos. Demanda a unos y otros por vías penales y civiles. En febrero del 2012, la Corte Nacional de Justicia, en sentencia que resolvió la demanda interpuesta por el mandatario, confirmó la condena al pago de cuarenta millones de dólares contra el periódico El Universo y sus directivos, y la condena a tres años de prisión contra estos y el periodista Emilio Palacio por una columna publicada en ese mismo diario el 6 de febrero del 2011.
Y si bien Correa, en lo que mostró como un acto magnánimo, pero que en realidad obedeció a la presión internacional, solicitó la anulación de estas condenas y de las impuestas a Calderón y Zurita, autores del libro El Gran Hermano, ha incrementado sus actuaciones contra el periodismo libre e independiente y generado temor y autocensura en la prensa ecuatoriana.
En lo que podría considerarse la estocada final a la libertad de información en Ecuador, está a punto de ser aprobada por la Asamblea General de Diputados la ley orgánica de comunicaciones, la cual, debido a los excesivos controles y limitaciones que impone a los medios, ha sido denominada ‘ley mordaza’.
El proyecto que se tramita, y que ha sido respaldado por el presidente Correa, desconoce los estándares mínimos que, para garantizar el derecho fundamental a la libertad de expresión, información y prensa, se encuentran consagrados en la Constitución de ese país y en tratados internacionales.
Las normas propuestas convierten el ejercicio de un derecho fundamental, la información, en un servicio público sometido al control y vigilancia del Estado a través del Poder Ejecutivo. Abre la puerta para intervenir contenidos, establece un régimen de sanciones y responsabilidades que podrían poner en riesgo la subsistencia de los órganos periodísticos, y estimula la concentración de los medios públicos en desmedro de los privados.
Además, se afirma que, por iniciativa del Gobierno, se adicionarían nuevas normas para crear la Superintendencia de Comunicaciones, que autorizarían la intervención en los medios y llevarían a tipificar como delito el “linchamiento mediático”, en virtud del cual los procesos de investigación periodística, especialmente los relacionados con denuncias de actos de corrupción, se volverían imposibles.
La aprobación de esta nueva ley no solo afecta a la prensa ecuatoriana, sino que sería un duro golpe para la libertad de expresión, información y prensa en el mundo entero.
